El Gobierno de Jorge Azcón aprobará este jueves la operación Romareda. Un paso definitivo para poder sacar a concurso público la construcción y explotación del nuevo estadio antes de las elecciones del 28 de mayo. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha adelantado este lunes que los informes técnicos rechazan las ocho alegaciones recibidas a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), entre ellas tres del Gobierno de Aragón, que asegura que el plan actual incumple la Ley de Urbanismo de Aragón.
Serrano ha incidido en que las «alegaciones se han resuelto con criterios técnicos y jurídicos«, aunque no ha adelantado los motivos que esgrimen los técnicos para justificar que se trata de una modificación «menor» y no «sustancial», como alegan desde el Ejecutivo aragonés, al considerar que la fórmula de derecho de superficie elegida por Azcón –y solicitada por el Real Zaragoza– supone la privatización del campo.
Desde el ayuntamiento insisten en que la titularidad de los suelos seguiría siendo municipal, no lo entiende así la DGA, que considera que al tratarse de una cambio del planeamiento «sustancial», la aprobación del planeamiento pasaría a ser competencia del Consejo Provincial de Urbanismo.
En una segunda alegación, desde el Ejecutivo aragonés exigían la redacción de un texto refundido del Plan General, es decir, que compile todas las modificaciones parciales que ha hecho desde 2008, cuando se aprobó el último documento refundido con el PSOE en la Alcaldía. De hacerlo, argumentaba, el ayuntamiento no podría realizar modificación alguna del planeamiento.
Autonomía municipal
Serrano ya dejó claro hace semanas que ambas alegaciones serían rechazadas, cuando presentó tres informes que recuerdan que «la intervención autonómica fuera de carácter facultativo en el planeamiento, de manera que en las tramitaciones de «menor entidad», la competencia para la aprobación definitiva es municipal.
También serán rechazadas las alegaciones presentada por Podemos y ZeC, y las de la Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ) y las de la Asociación de Vecinos Tío Jorge, en cuyo argumentario adjudica el informe de dos economistas de Sevilla y Extremadura encargado por el PSOE. En el documento avalaban que la cesión debía ser, como máximo, de 40 años, y no de 75 como reclaman desde el club para poder amortizar los más de 140 millones que tendrán que invertir en el campo. El presidente de la entidad, Rafa Tejedor, va en la lista de la alcaldable al ayuntamiento por el PSOE, Lola Ranera.
Aunque el presidente Javier Lambán aseguró que la DGA no recurrirá la operación Romareda, desde el Gobierno de Azcón siguen sin fiarse. «Quiero pensar que antes de judicializarla se leerán los informes técnicos, es lo más prudente«, ha declarado el concejal, que ha insistido en que todas las decisiones se han adoptado «siguiendo criterios técnicos y jurídicos».
En la comisión del jueves también se aprobará la modificación del planeamiento necesaria para desatascar los proyectos de Aceralia y del antiguo colegio Jesús y María.
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