El tiempo. Esta es la clave en el proyecto de La Romareda. Los días que quedan para que se celebren las elecciones el 28 de mayo. Presentarse a la campaña con o sin Romareda no es baladí porque puede significar un buen puñado de votos que el PP no está dispuesto a perder y el PSOE a regalar. En definitiva, rédito político.

Aquí radican las mil y una razones que han esgrimido los socialistas para votar en contra de la operación diseñada por Azcón para que Zaragoza tenga un estadio de cuatro estrellas y las triquiñuelas del alcalde para acelerar el proyecto, que quiere que esté licitado antes de depositar las papeletas en las urnas pero del que no se sabe nada. Solo que el club lo pagará a cambio de explotarlo durante 75 años. 

Ahora parece que la trifulca es jurídica, cuando en realidad sigue siendo política, pero se ha enmascarado en una cuestión competencial, con posturas encontradas sobre si se cumple o no la Ley de Urbanismo de Aragón.  

Desde el Gobierno de Aragón ven deficiencias legales en el proceso que está siguiendo el ayuntamiento para modificar el planeamiento, ampliar el espacio que ocupará el estadio y ceder el derecho de superficie al Real Zaragoza durante 75 años. Dos son los motivos que alegan desde el Ejecutivo aragonés para paralizar el proceso. Cuestiones legales que, sin embargo, dice que no pondrá en conocimiento de la Justicia, por eso de no poner «palos en la rueda». 

La modificación ¿menor o sustancial?

Por partes. El primer debate se centra en si la modificación del PGOU propuesta por PP-Cs es «menor» o «sustancial». O lo que es lo mismo, si cambia sustancialmente el ordenamiento de la ciudad y, en concreto, de la pastilla de La Romareda. Es un detalle importante porque el ayuntamiento solo puede hacer cambios del planeamiento «menores», que no afecten a intereses de carácter supramunicipal porque, entonces, serían competencia del Consejo Provincial de Urbanismo. 

Así lo refleja la asesoría jurídica municipal en un informe encargado por Urbanismo. En el texto recuerda que el 22 de octubre de 2013 el Gobierno de Aragón aprobó que «la intervención autonómica fuera de carácter facultativo en el planeamiento, de manera que en las tramitaciones de «menor entidad», la competencia para la aprobación definitiva es municipal.

Desde Urbanismo aseguran que la modificación «no cambia sustancialmente la ordenación» porque el campo de fútbol se construirá sobre la actual Romareda. Desde la DGA dicen todo lo contrario, que es «sustancial» porque el estadio dejará de ser público y se «privatizara» al pasar a manos del Real Zaragoza. Sobre los usos terciarios que acompañan a la operación ya nadie dice nada, ni unos ni otros. ¿Dónde irán? No se sabe

El segundo escollo tiene que ver con el Plan General en su conjunto, en el que aparecen los usos de los suelos de toda la ciudad, con todos sus cambios. En los últimos cinco meses, el Ejecutivo ha requerido al ayuntamiento hasta en diez ocasiones para que elabore un texto refundido de su Plan General. Es decir, que compile todas las modificaciones parciales que ha hecho desde 2008, cuando se aprobó el último documento refundido con el PSOE en la Alcaldía.

Un documento que se aprobó cuatro años después de que lo solicitara el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón. «Es tan fácil como presentarlo», decía el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, aunque desde la casa consistorial, la jefa de Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística, Edurne Herce, afirmaba todo lo contrario. «Es complicado y largo». 

Por otra parte, el ayuntamiento está pendiente de adjudicar el estudio de la llamada Estrategia Zaragoza Metropolitana 2022, que tiene como objeto evaluar el desarrollo urbano y territorial hasta 2025 y analizar el estado de ejecución del planeamiento vigente.  

Las consecuencias de paralizar el Plan General

Pues bien, según el Ejecutivo de Lambán, hasta que el consistorio no presente el texto refundido ante el Consejo Provincial de Urbanismo, la capital no podrá aprobar ninguna modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Desde Urbanismo alertan de las consecuencias que tendría en la capital porque el ayuntamiento no podría continuar con la operación Romareda, pero tampoco con el desbloqueo de los suelos de Aceralia, del antiguo colegio Jesús y María, ni desbloquear los suelos de Embarcadero. Pero este es otro tema que afecta a ambas instituciones, tan jurídico y político como el de la Romareda. Y tan encallado, pendiente de su entendimiento. 

Aval técnico 

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha presentado tres informes que avalan la legalidad del proceso y defienden la autonomía municipal, su capacidad para realizar cuantas modificaciones del planeamiento desee que, no hay que olvidar, se tienen que aprobar en pleno por mayoría. 

Además del texto de los jurídicos, cuenta con el informe de la jefa del Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística que, además de defender la autonomía legal del consistorio, asegura que se cumple el principio de seguridad jurídica y el derecho de acceso de los ciudadanos ya que todas las modificaciones aisladas o parciales son públicas.

Hay un tercero redactado por los catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno Feliu y Gerardo García Álvarez que concluye que «los efectos» de la Comisión Provincial «son extrajurídicos», por lo que no puede imponer la redacción de un texto refundido «y menos para suspender» el resto de modificaciones. Así que, apuntan, la DGA solo tendría la vía legal.

(FUENTE PERIODICO ARAGON)